La Red por la Justicia y la Equidad expresa su posicionamiento respecto a las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta de la República, conocidas como el “Plan B”, las cuales contemplan, entre otros aspectos, la consolidación de la revocación de mandato, la reducción de privilegios en la alta burocracia, la racionalización del gasto público y el fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa.
En términos generales, reconocemos que la iniciativa se inscribe en un esfuerzo por reorientar el gasto público hacia fines sociales, con el propósito de ampliar los apoyos a los sectores históricamente vulnerados y avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos. Asimismo, valoramos positivamente la reafirmación del principio democrático según el cual el poder político no constituye un “cheque en blanco”, sino un encargo sujeto a evaluación permanente por parte de la ciudadanía.
De igual manera, la reducción de privilegios y la búsqueda de mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público responden a una demanda social legítima por gobiernos más austeros, transparentes y cercanos a la población, lo cual puede contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
No obstante, desde esta Red consideramos que dichas reformas resultan limitadas e insuficientes frente a los desafíos estructurales que enfrenta la democracia mexicana. Las condiciones políticas en las que surge esta iniciativa evidencian, no sólo resistencias de actores tradicionales de oposición, sino también tensiones internas en los espacios de decisión, lo que ha derivado en una propuesta que privilegia ajustes coyunturales por encima de transformaciones de fondo.
Advertimos, además, que los mecanismos de participación ciudadana contemplados o implementados en este proceso no han garantizado una deliberación amplia, incluyente y sustantiva. Instrumentos como el denominado “Buzón abierto” resultan insuficientes para incorporar de manera efectiva la voz de la sociedad en la construcción de reformas de gran calado.
Partimos de una premisa fundamental: no puede existir una democracia plena en contextos de profunda desigualdad social. Cuando amplios sectores de la población carecen de condiciones materiales equivalentes, la participación política se vuelve formalmente accesible, pero sustantivamente restringida. En tales circunstancias, la democracia corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de reproducción de desigualdades, en lugar de ser una herramienta de transformación social.
En este sentido, el modelo electoral vigente presenta limitaciones evidentes: no corrige las asimetrías estructurales que distorsionan la competencia política ni establece salvaguardas suficientes frente a la captura de las instituciones por intereses económicos, políticos e incluso, en casos extremos, delincuenciales.
Por ello, la Red por la Justicia y la Equidad asume una postura crítica y hace un llamado a la apertura de un debate nacional amplio, plural y profundo sobre el sistema democrático en su conjunto.
Este debate debe incluir: primero, la revisión de los mecanismos de elección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; segundo, el análisis de los procesos de designación de los órganos autónomos con incidencia en la vida pública, y tercero, la incorporación efectiva de la ciudadanía en la deliberación y toma de decisiones.
Consideramos que cualquier reforma que aspire verdaderamente a fortalecer la democracia debe trascender los ajustes formales y atender las causas estructurales de la desigualdad y la exclusión política. De lo contrario, iniciativas como el denominado “Plan B” corren el riesgo de traducirse únicamente en desgaste institucional, sin generar cambios sustantivos en la vida democrática del país.
Fraternalmente,
Red por la Justicia y la Equidad
Viernes 27 de marzo de 2026.